La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Jalisco y al Congreso del Estado a revertir el incremento del 9.65% en las tarifas 2025 del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), al considerarlo desproporcionado y contrario al derecho humano al acceso al agua.
El acuerdo, aprobado en la segunda Comisión de Asuntos Sociales el pasado 6 de agosto y ratificado por el pleno de la Comisión Permanente el día 20, fue notificado al Congreso local cinco días después y remitido a la Coordinación de Procesos Legislativos el 8 de septiembre.
Críticas por el “tarifazo” del Siapa
El aumento fue avalado el 26 de junio por el Congreso de Jalisco, en medio de críticas ciudadanas por el desabasto y la calidad del servicio. La intervención federal se originó tras tres propuestas presentadas por diputados de Morena.
- Favio Castellanos Polanco pidió que el Congreso local reconsiderara el incremento, pues “se da en un contexto de inflación y crisis hídrica, representando una carga desproporcionada para los hogares vulnerables”.
- Katia Alejandra Castillo Lozano exigió que el Siapa y el gobierno estatal atiendan “de manera urgente” el problema de desabasto que afecta a diversos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
- Merilyn Gómez Pozos planteó suspender de inmediato los incrementos, recordando que existe jurisprudencia sobre la proporcionalidad y razonabilidad de las tarifas de agua.
Deficiencias y fallas constantes
Los legisladores federales señalaron que no hay pruebas de mejoras en cobertura, eficiencia o calidad que justifiquen el aumento. Por el contrario, recordaron que en mayo pasado una falla en el Sistema de Bombeo Oriente dejó sin servicio a 52 colonias de Tonalá y Tlaquepaque, mientras que este año al menos 300 colonias han sufrido cortes y suspensiones.
Castillo Lozano subrayó que estas deficiencias violan el derecho humano al agua, previsto en el artículo 4 de la Constitución y en tratados internacionales. Además, cuestionó que los usuarios, aun sin servicio, tengan que cubrir las tarifas completas.
Derecho humano al agua y tarifas justas
La diputada Gómez Pozos recordó que los incrementos deben ser proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios y no pueden ser excesivos. “El encarecimiento del agua sin consulta pública ni justificación técnica clara viola el principio de progresividad de los derechos humanos”, enfatizó Castellanos Polanco.
