Por: Redacción| Cuarto Poder
Entró en vigor el llamado Plan B, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha recibido controversias constitucionales.
La propuesta de reforma para el Instituto Nacional Electoral (INE), ha generado reacciones desde diferentes trincheras: marchas, comentarios, columnas periodísticas y grupos sociales se han manifestado en contra de modificar leyes que impacten al INE.
Mientras que el Gobierno de México ha logrado que el Congreso modifique leyes del órgano electoral, impactando en su operatividad, ¿Pero, es ese impacto justificado en aras de la austeridad republicana que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador, o es una estrategia para debilitar al INE y, por ende, a la democracia? Todo comenzó con la propuesta de reforma constitucional y que fue rechazada por no alcanzar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores.
Luego, el presidente lanzó el denominado Plan B para modificar leyes y reglamentos que, para efectos de ser aprobado, sólo requería de la mayoría simple con legisladores de Morena y finalmente López Obrador logró su objetivo.
Las Marchas
A finales del 2022, la oposición y organizaciones civiles convocaron a manifestarse en contra de la iniciativa de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en favor del INE. En aquel entonces se planteó la idea que la reforma traería cambios políticos radicales como la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Tal afirmación generó intensos debates entre legisladores que analizaban el tema.
También entre la sociedad hubo polarización, la narrativa, por momentos, se desvió de la reforma; es decir, la cuestión era: ¿estás a favor o en contra de AMLO? En un intento por alentar un movimiento contra la reforma, más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada marcha a favor del INE en diferentes ciudades de la República.
La segunda convocatoria llegó en febrero de este año, y esta segunda manifestación se dio en el marco de la aprobación del “Plan B”, presentado por AMLO tras el rechazo de la reforma inicial. Este plan ha sido criticado por reducir el personal del INE, a lo que los consejeros han respondido que se podría poner en riesgo la organización de las elecciones de 2024.
Ambas manifestaciones fueron denostadas desde el titular del Ejecutivo Federal, quien minimizó el número de asistentes, pues consideró que no eran suficientes e inclusive que los organizadores de estos movimientos son opositores a su gobierno, por tal motivo carecían de legitimidad, asegurando que se trata de “politiquería”, pese a que diversas organizaciones civiles fueron las convocantes.
Y para mostrar musculo, se convocó a marchar en favor de AMLO y su autodenominada “Cuarta Transformación”. Este año pretenden salir a las calles el 18 de marzo, fecha en que se conmemorará el 85 aniversario de la expropiación petrolera.
“Todo aquel que está a favor de la transformación; en contra de la corrupción de la impunidad, del racismo y del clasismo, es bienvenido”, dijo el presidente, durante la conferencia matutina del pasado 6 de marzo.
La primera marcha en defensa del INE, coincidió con la no aprobación de la iniciativa de reforma electoral, sin embargo, el Plan B fue aprobado en ambas cámaras. Legisladores de oposición y el INE presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales.
¿Qué es una controversia constitucional?
Se trata de un juicio para resolver conflictos entre poderes federales y de los estados, así como órganos del Gobierno de Ciudad de México, estatal y municipal. El promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general como una ley, un reglamento o un decreto y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno.
Pese a los esfuerzos por declarar inconstitucional al Plan B, el pasado jueves 2 de marzo fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Con ello entraron en vigor los artículos transitorios para las reformas, adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos (Legipe); Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La segunda controversia presentada por el INE se basa en cuatro ejes principales: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación a los derechos laborales del personal del INE.
Causa y Efecto
Uno de los primeros efectos que tuvo la entrada en vigor del Plan B fue la destitución del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sin embargo, gracias a uno de los recursos de impugnación presentados por el INE, Jacobo Molina fue restituido en el cargo, pues el funcionario habría sido electo para desempeñar el cargo durante el periodo 2020-2026, así lo determinó el tribunal que llevó el caso.
¿Qué contiene el Plan B?
Uno de los cambios contemplados en el Plan B está en la organización de procesos electorales. Plantea modificar las fechas para iniciar el proceso electoral federal, por lo que, de entrar en vigor para 2024, dicho proceso comenzaría la tercera semana de noviembre de este año.
Modificar el proceso de cómputo de los votos, que comenzaría desde las 18:00 horas del día de la elección, haciendo innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); elimina la Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se dictan directrices de ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral, y crea una Comisión de Administración con cinco consejeros. Plantea reducir a 260 lo consejos distritales permanentes y 40 adicionales únicamente en época electoral. Actualmente hay 300 consejos distritales.
Todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del presidente y, por tanto, se deberán revisar los tabuladores salariales del personal a más tardar seis meses después de entrada en vigor la reforma.
Modificaciones a la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Al respecto, el consejero Ciro Murayama indicó que pretenden desaparecer algo que no existe.
“Dice (que) se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional”. Nada más que el SPEN no tiene rama administrativa. O sea, quieren desaparecer algo que NO existe”. Así de serios, ¿Plan B o “V” de venganza?, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
No plantea modificar aspectos incluidos en la Constitución, al menos sobre número de integrantes del INE o extinción de los Organismos Públicos Electorales locales, así como número de integrantes o forma de elección del Congreso.
Permite a personas en prisión preventiva votar. Establecen límites a las interpretaciones del INE y el Tribunal Electoral respecto a las declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones. Puntualmente establece que las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental; asimismo, reforma el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que los dichos de los políticos no les afecten en los procesos electorales.
“A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”, se estableció en el documento aprobado por el Senado.
A más tardar el 1 de mayo deberán emitirse los lineamientos para la compactación estructural del INE, a menos que la Corte suspenda los efectos del Plan B.
